EL DECRETO SOBRE DESPIDOS EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 2013.

El pasado 30 de octubre veía la luz en Real Decreto  1483/2012, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de  contratos y reducción de jornada. La gran novedad que establece este RD viene recogida en  cuanto a normas específicas de los procedimientos de despido colectivo del personal laboral al servicio de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público, hasta ahora no regulado en nuestro país y casi inexistente hasta ahora en el ámbito del denominad sector público empresarial.

Entre los supuestos que se contemplan en esta nueva norma se establecen la causas económicas, considerándose que se justifican dichos despidos (ERE y ERTE), cuando haya existido déficit en el año anterior y que los ingresos (transferencias o aportaciones de la administración) desciendan en un 5% en el ejercicio corriente, o en un 7% en los dos años anteriores.

Tendrán  prioridad de permanencia en el ente, organismo o entidad pública, (no la Administración General) afectado por el procedimiento de despido, el personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, a través de un procedimiento selectivo de ingreso convocado al efecto, es decir el que haya accedido  igual que los funcionarios.

Bueno pues el marco jurídico queda claro, a lo que hay que añadir la auditoria sobre todo el sector público a nivel, nacional, autonómico y local que está desarrollando el gobierno nacional, para detectar duplicidades u organismos o entes ineficientes, y que verá la luz a mediados de año, y que servirá para adelgazar el sector publico en nuestro país.

No obstante la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2013 y el proyectote Presupuestos para la Comunidad Autónoma Andaluza  presentado estos días ante el Parlamento, ya fijan importantes disminuciones en las transferencias y subvenciones de que se nutren estos entes y organismos públicos un 7,7% de media (no la Administración General).

En Andalucía se llevo a cabo una Reordenación de la Administración Pública que supuso la eliminación de un puñado de empresas publicas, fundaciones, organismos, y entes de la mas variopinta naturaleza, mediante la cual se integraron en otros entes y agencias en torno a 26.000 trabajadores o algunos más, contratados laborales, en una amplia casuística de relaciones contractuales y heterogéneo proceso de ingreso y selección.

Posteriormente y como consecuencia de diversos recursos interpuestos por los sindicatos de funcionarios, los tribunales y el TSJA, han venido a declara ilegal los respectivos Decretos de integración de este personal en los organismos que se subrogaban en la relación laboral respecto a estos trabajadores, al no considerarlos personal al servicio de la administración, al contrario que ocurre con los funcionarios y personal laboral y estatutario de la Administración General, donde se han seguido los principios de publicidad, igualdad, merito y capacidad, en su selección.

La Junta de Andalucía en un absoluto desprecio hacía estas sentencias ha seguido manteniéndolos en  nómina, bajo la sui-géneris e imaginativa, sin precedentes en el derecho que regula las relaciones de la Administración con su personal, formula y denominación de “Empleados Públicos Subrogados”, al desmantelarse y suprimirse el conglomerado de empresas y entes de procedencia, supuesto contemplado ahora en el Real Decreto  1483/2012, como causa de despido.

Este personal, del que ni la propia administración tiene de momento información muy clara, en cuanto su número y coste, según las estimaciones que se manejan oscilan en número entre los 26.000 y los 30.000, cifra nada despreciable si se tiene en cuenta que el personal propio de la administración (funcionarios, interinos y laborales) que prestan sus servicios en lo que se denomina Administración General de la Junta de Andalucía en toda las Consejerías, Delegaciones y provincias  escasamente llega a 25.000, ascendiendo el coste laboral de los primeros a casi 3.000 millones de Euros (también según estimaciones).

Con motivo del Plan de Reequilibrio Económico y Financiero, y cumplir con los objetivos del déficit y ajuste, la Junta acometió una importante reducción de sueldos en su personal en 2012, y que mantendrá en 2013, vía eliminación de las pagas extras, reducción del 10% adicional en sueldo y tiempo de trabajo a los interinos, y eliminación de ayudas sociales y complementos retributivos. Posteriormente como consecuencia del recorte general decretado por el Gobierno Central para todo el Estado.

La Junta suspendió alguna de estas mediditas en 2012, para no gravar doblemente a su personal, pero que seguirá aplicando en 2013, pese a que el Gobierno Central ha restituido las pagas extras para los funcionarios en 2013, aunque si aumento salarial y en los mismos términos y cuantías, que fijo el Decreto de Rodríguez Zapatero en mayo de 2010. Como consecuencia de ellos los funcionarios han perdido desde 2010 casi el 30% de su poder adquisitivo, en Andalucía se aumentará dicha pérdida en 2013 en casi un 7% más.

Se ha empleado por la Junta de Andalucía como argumento para realizar los recortes: “garantizar el empleo publico” ¿pero de quienes se está hablando, en realidad no será de  los “Empleados Subrogados”? aunque en la practica han disminuido las contrataciones de sustitución de interinos en sanidad y educación, por  poner algunos ejemplos.

Los Presupuestos para 2013, presentados por la Junta de Andalucía con una reducción global de 30.706 Millones de Euros, y que con pocos cambios pasarán el tramite parlamentario y se convertirán en Ley a final de año, contemplan importantes reducciones de transferencias y financiación hacia los entes y empresas publicas, es decir las contempladas en el RD  1483/2012, además la Consejera de Hacienda, ya ha dejado caer, para quien haya sabido entender, que los presupuestos pretender preservar los servicios públicos y el empleo, ero que posiblemente afecte a la “reducción de interinos”, miedo me dan estas palabras.

La caída de los ingresos y transferencias a lo entes y empresas publicas contempladas en estos Presupuestos, son importantes descendiendo globalmente un 7,7%. En algunos casos como Canal Sur llegan al 27%, en la Empresa Pública de Turismo y Deporte llega al 36%, EPSA un  40% menos, la Agencia de Puertos un 26%, Inturjoven un 36%, la Agencia de la Energía un 54% menos el Ente de Infraestructura y Servicios Educativos un  12%, solo se mantienen los ingresos o suben la Agencia de la Dependencia, Extenda, la Agencia de Obras Publicas y de la del Conocimiento.

Nos encontramos pues ante los supuestos contemplados en el Decreto 1483/2012,  déficit que siempre lo hay y disminución de ingresos, por lo que se podrán iniciar los ERE y ERTE en estas empresas y organismos ¿cual será el siguiente paso?.

En la práctica y de forma silenciosa ya ha comenzado a despedirse a algunos de los trabajadores que formaban parte del entramado anterior a la Reordenación como los que pertenecían a las UTDLT, así como en la EPSA y otros. Conozco algunos casos donde este personal despedido tenía plaza como laboral o funcionario en la Administración General,  no todos, y aunque algunos sin serlo han obtenido rápidas recolocaciones como personal de confianza, por algo lo eran, pero el resto, los de a pié, cuando han solicitado la incorporación han obtenido como respuesta que en estos momentos no hay plaza disponible, a su casa y sin sueldo.

Se puede ver un numero, o muchos, los mimbres están puestos y me temo lo peor, ¿seguirán reduciendo el sueldo a los funcionarios, interinos y laborales, de la administración? para poder pagar las nominas de estos “Empleados Públicos Subrogados” aplicando la táctica de la viuda cuyo hijo no tenia merienda, pero pedía la mitad a cada uno de los allí congregados, para que su niño merendara y bien. No me alegro de que nadie pierda su empleo, aunque el ingreso en la administración, se rige por un procedimiento establecido en la legislación, que ocurrirá con los atípicos casos que engrosan estos 30.000 empleados de empresas, entes etc., donde en 2013 se van a reducir drásticamente las aportaciones de financiación publica., me temo lo peor.

"No sobran tantos funcionarios. Lo que sobran son políticos jugando a funcionarios en destinos de alto cargo, en unos estados de la señorita Pepis, que la endeudada España de 2012 no puede mantener" ( Luis del Val, diario Melilla Hoy, 30 de octubre de 21012)

Antonio Urbano Mármol

Economista y Funcionario por oposición de 2 (Cuerpos de  Gestión Financiera y Superior de Administradores Generales)