viernes, 28 de diciembre de 2012

Concertación Social, Pactos y Pasta.


La situación de crisis que vive España y la necesidad de ajustes/recortes a la que se ve sometida, una semana tras otra, en las reuniones de Consejo de Ministro,  que el Gobierno adopta en solitario  con fuerte contestación del conjunto de la sociedad y partidos, he hecho traernos a la memoria, de manera recurrente, la necesidad de un gran pacto con todas las fuerzas políticas, sindicales, sociales y un nuevo agente como lo son las Comunidades Autónomas, de manera que vuelva a repetirse la formula adoptada con éxito hace a 35 años con los Pactos de la Moncloa.

Aunque salvo por la gravedad del enfermo, el diagnostico de un momento y otro son muy distintos. En 1977 la economía española, en aquel momento la coyuntura económica era grave después de que la crisis del petróleo de 1973 alcanzara de lleno a España, a la que no había afectado tan rápidamente como a los países europeos considerados aliados de Israel por la OPEP. El desempleo, que durante el franquismo quedaba ocultado por la emigración a Europa, y que ahora en crisis no admitía, produciéndose en cambio el retorno de los emigrantes. La inflación había superado la frontera del 40% a mediados del año 1977, y se temía la posibilidad de alcanzar cifras de verdadera hiperinflación, como las que posteriormente sufrieron los países iberoamericanos. Se hablaba de fuga de capitales desde los últimos años del franquismo. Los empresarios, acostumbrados al corporativismo y al intervencionismo que presidía las relaciones económicas y sociales  recelaban de la nueva situación política y de los nuevos interlocutores sociales, los sindicatos de clase, que exhibían una retórica reivindicativa que, según como fuera entendida, a veces era tomada por revolucionaria. 

El diagnostico previo realizado magistralmente por el Profesor Fuentes Quintana, a la sazón vicepresidente del Gobierno También  planteaba todo un plan de saneamiento y reforma de la economía con 5 objetivos concretos: establecimiento de un cambio realista de la peseta, reforma fiscal con sentimiento social, moderación de las tasas de crecimiento salarial, especial atención al problema del paro, estimulo a la libertad económica de mercado.


Estos pactos permitirían en gran medida en el avance a una sociedad y economía más moderna, con grandes avances el la política económica, presupuestaría, monetaria, fiscal, laboral, en materia de seguridad social, en materia legislativa y social, incluso el posterior desarrollo del estado de la autonomías y la preparación para el ingreso años después en la entonces denominada CEE (Unión Europea).

Lógicamente el escenario era bien distinto tanto en el ámbito interno como externo, no solo por ser un país con unas estructuras arcaicas salido de la dictadura autárquica, sino por que no había alcanzado el grado de internalización actual, y donde la crisis global se trasladase a nuestro tejido económico como ahora lo ha hecho, también existía otro margen de maniobra interno para actuar sobre la política monetaria y fiscal, que quedó en manos de la Unión europea tras nuestra integración en 1986 y tras la implantación de la moneda única (el Euro).

Pero en esencia, y aunque tuviera efectos positivos en general, sobre la modernización de nuestro antiguo modelo productivo, que los tuvo, fue todo un modelo de concertación social que aglutinó a todos los partidos políticos, a las organizaciones empresariales y algunos de los sindicatos (CCOO principalmente), para sacar al país de una situación de fuerte crisis. El propio Marcelino Camacho  valoraba así los pactos de la Moncloa: “la importancia de los acuerdos adoptados el pasado año que, según sus manifestaciones, han servido para amortiguar el paso de la dictadura a la democracia por medio de la Constitución, desde el punto de vista macro político-económico ha sido algo inestimable, aunque hay que lamentar que el Gobierno no los haya cumplido íntegramente, como en lo concerniente al control de la Seguridad Social y al estatuto de la empresa pública”. Considerándolos altamente positivos, Marcelino Camacho objetó que la parte negativa fue el aumento del paro. Nicolás Redondo, aunque la UGT, no los firmó pero posteriormente también los recocería como la única opción posible en aquello momentos, aunque no hubo reparto de fondos públicos para los firmantes.



No obstante, si bien en aquellos momentos había gran margen de maniobra en determinadas variables de la política económica, por parte de los estados, para diseñar por si mismos salidas a una situación de crisis, con la integración en la Unión Europea, los países miembros han perdido gran parte de su autonomía, aunque no toda, pero en la medida que la política monetaria, fiscal y presupuestaria, ha quedado en manos de la Unión los márgenes son distintos.
Pero y a nivel de las Comunidades Autónomas hay o ha habido algún margen por si solas para, diseñar políticas independientes (netamente autónomas) que les permita salir de situaciones de crisis o atraso, que no vengan acompañadas de las macro políticas nacionales. Si tenemos en cuenta que la legislación laboral, fiscal, las grandes directrices en materia industrial, comercial, y por supuesto exterior están en manos del estado, y que el resto se encuentran residentes en la Unión Europea, ¿hay margen de cambiar la estructura productiva regional? En principio podríamos afirmar que margen hay, aunque limitado y a largo plazo, y lo ha habido con la ayuda de los fondos europeos, que ahora también empiezan a menguar.

La teoría económica así lo contempla, pero siempre condicionado por la coyuntura económica que es una variable que escapa al control de las autonomías, las CCAA pueden cambiar algo la estructura en el largo plazo a través de sus esfuerzos acertados y permanentes infraestructuras, realizando una labor activa a favor de sectores económicos y territorios,  favoreciendo la creación del tejido su empresarial y apoyándolo. En principio si en los tiempos de bonanza o ciclo alcista de la economía se crece por encima de la medía y en los recesivos, se decrece por debajo de la media o se han conseguido bases tan sólidas para no decrecer, situación alto improbable, la estructura de partida puede evolucionar hacia mayores niveles de desarrollo económico.

La Comunidad Autónoma de Andalucía, puso en marcha desde el inicio de su andadura un sistema de planificación regional, mediante la sucesión de una serie de planes económicos, que orientaran su política económica en el largo plazo para sacar a la región de su atraso relativo, aunque dichos planes fueron debilitándose en el tiempo, convirtiéndose mas en un ejerció metodológico en el que integrar sus actuaciones en materia de inversiones y orientar el presupuesto.

Posteriormente en los años 90, concretamente el año 1993 se pone en marcha una experiencia única en España, quizás basada en el espíritu de los Pactos de la Moncloa, y que se denominó Concertación Social. Mediante estos acuerdos tripartitos de la Administración Autonómica  con empresarios (Confederación de Empresarios de Andalucía) CEA y sindicatos mayoritarios UGT y CCOO, se pactaban o concertaban  sus políticas estratégicas de desarrollo, en ocasiones anticíclicas, en un clima de acuerdo y “paz social”, mediante la adopción de una serie de medidas de tipo social y económico, destinadas al desarrollo económico, empresarial y a la creación de empleo.

Después de 20 años de repetir esta iniciativa, con siete acuerdos, con distinta periodicidad, bianual o cuatrienal, se comprometieron en estos documentos un total de 42.800 Millones de Euros de fondos públicos, de los que algunas de las medidas acordadas han sido puestas en marcha por los firmantes, es decir CEA, CCOO  y UGT, con cargo a estos fondos.


El profesor de la Universidad de Sevilla Marcial Sánchez Mosquera, recientemente analizó en su tesis doctoral el impacto en el desarrollo de económico de Andalucía hasta 2008 de estos pactos, concluyendo con la valoración que su resultado “no invita a conclusiones triunfalistas, y que no ha servido en el largo plazo para cambiar el modelo productivo”. En este mismo sentido se manifiesta el Profesor Francisco Ferraro, quien califica estos acuerdos “de fracaso”, pues el análisis de la evolución del PIB/per capita, no permite otra valoración, quien además pone de manifiesto la escasa transparencia que las organizaciones firmantes han recibido fondo basados en dichos pactos. Pues si bien la Andalucía de los 80 no es la misma que la de 2012, tampoco lo son el conjunto de las CCAA españolas, con lo que después de 30 años de planificación regional y 20 años de Concertación Social, las diferencias en cuanto atraso relativo y falta de desarrollo económico apenas se ha modificado.


Seria una frivolidad y simplificación, afirmar que el conjunto de estos fondos, han sido gestionados por las partes no institucionales firmantes (CEA, UGT y CCOO), pero si es cierto que han recibido importantes partidas de los mismos, principalmente los destinados a formación, orientación profesional y empresarial y a creación de infraestructuras de apoyo al tejido empresarial. No se puede negar que esta aparente paz social, nacida de estos acuerdos, ha facilitado un clima en entendimiento, pero igualmente han convertido a estas organizaciones fuertemente subvencionadas en agencias semipúblicas. Ahora que la  financiación publica, las subvenciones y la ingente suma de Fondos Europeos de otros tiempos escasea asistimos, a como estas entidades están acometiendo fuertes reestructuraciones de plantilla con sus correspondientes ERES, teniendo que adelgazar sus sobredimensionadas estructuras, pagadas con estos fondos y que en modo alguno se han consolidado para subsistir por si solas.


En el horizonte de 2013, próxima la finalización del VII Acuerdo de Concertación parece que sigue siendo voluntad del gobierno bipartito de la Junta, renovar estos acuerdos, aunque con el titulo de Pacto Andaluz por el Empleo, y parecen quererlo hacer, por indicación de IU con una base social y política mas amplia, incluso se ha lanzado el guante al PP. Pero también por la parte sindical y como consecuencia de que  algunos sindicatos que han ganado en representatividad y alguna sentencia como CSIF reclaman también su sitio en la mesa.

Si se la cordura, que se desprende de los análisis realizados sobre la efectividad real de estos acuerdos se impone, y la realidad presupuestaria del momento muestra su cara restrictiva, habrá que pensar  que el escenario financiero de estos futuros pactos o acuerdos, será menos generoso que en el pasado, y a lo mejor las bondades defendidas por algunos de los firmantes no se ven tan claras, lo de contigo pan y cebolla no siempre fue cierto, y este año no toca pasta,  ya se sabe que cuando el dinero sale por la puerta el amor salta por la ventana.

Antonio Urbano Mármol
Economista,  Investigador y Profesor Honorario de la Universidad de Sevilla. 
Máster en Alta Dirección de Instituciones Sociales por el Instituto Internacional San Télmo.
Diplomado en Procesos y Planificación del Desarrollo (ILPES, CEPAL, IEHA)
Funcionario de los Cuerpos de Gestión Financiera y del Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta de Andalucía.


viernes, 21 de diciembre de 2012

Los Mayas: unos incomprendidos de la historia.


Mucho se habla estos días de un posible cataclismo general que acabe con el mundo, en base a una interpretación errónea del calendario Maya, pero a parte  del frikismo y charlatanería, que tanto rédito ha sacado estos días con el tema, pocos sabíamos, entre ellos yo, hasta que no me he documentado,  que el  calendario maya es cíclico, porque se repite cada 52 años mayas, el tiempo de cómputo comenzó el día 0.0.0.0.0 4 ajau y 8 cumkú (en notación maya) que equivale, según la correlación generalmente aceptada, al 11 de agosto del 3114 a. C. en el calendario gregoriano.

La forma de ver el tiempo para los mayas es muy distinta de la forma de ver de las sociedades occidentales, para los pueblos mayas el mundo nace, se desarrolla, muere y se regenera, es decir es una visión cíclica del mundo, explicó el etnógrafo del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas) de Yucatán, Jesús Lizama Quijano, la fecha del 21 de diciembre de 2012, aparece representada como un cambio de ciclo vaticinado por los mayas y que algunos han interpretado erróneamente como una profecía del fin del mundo.

A esta visión catastrofista ha contribuido decisivamente, la cultura visual y cinematográfica,  que ha repetido hasta la saciedad distintas películas e imágenes de catástrofes terribles, que asolaran el planeta, de la noche a la mañana. Nuestra cultura actual se basa en una representación gráfica, o visual de acontecimientos históricos, no basados en la realidad pues quienes los vivieron no dejaron constancia gráfica de ellos o muy poca, ya en un pasado menos lejano,  con lo cual cuando se representa  en imágenes acontecimientos del pasado, o del futuro, de forma que llegamos a pensar que las cosas y los hechos históricos o futuros, así como los personajes, son como los vemos en las imágenes que se nos muestran, pero no hay que olvidar que no se trata nada mas que de una representación mas o menos convencional de los mismos, pero nada fiel a como fue en realidad, o como podrían ser las cosas, y solo sirven para que nos hagamos una idea. Nadie en su sano juicio, creo, que pensaría que el día 21 de diciembre de 2012 iba a ser como cualquiera de estas películas.

Pero estaban equivocados los mayas, a mi entender solo en la fecha, aunque posiblemente no del del todo, pues este año esta fecha coincide con la entrada del solsticio de invierno, otro acierto de los mayas. También podemos relacionarlos con un evento tan tradicional en España como es el sorteo de la lotería de navidad, la lotería en España llegó de la mano de Carlos III, que la importó de una tradición de Nápoles y era igual que la ahora llamada Lotería Primitiva, el primer sorteo se llevó a cabo el 10 de diciembre de 1763, la lotería moderna, tal cual la conocemos, nació en Cádiz en 1811, por iniciativa de Ciriaco González Carvajal, para aportar fondos a la Hacienda Pública ,la "Real Lotería Nacional de España" fue creada por instrucción de 25 de noviembre de 1811, pues bien mañana será el ultimo sorteo del gordo de la lotería nacional libre de impuestos, tras mas de 200 años, luego también este vaticinio puede atribuirse a los mayas.

Quien sabe si un calendario confeccionado hace 5.000 años, basado en un computo de tiempo distinto al actual, tras su conversión al calendario actual de 365 días con sus ajustes por  años bisiestos, no arrastra un ciertos desfase en su correspondencia con las fechas, pero no hay duda que estos ya conocían y trasmitieron la existencia de ciclos históricos  los economistas sabemos bien que los ciclos económicos existen, también fueron estudiados por otras culturas antiguas como los egipcios vinculados a los ciclos naturales, hoy día sabemos bien que los ciclos se suceden, a un ciclo expansivo o de crecimientos, suele sucederle uno de estabilidad y otro de recesión.

Quizás el cambio de ciclo, ilustrado por los Mayas ya empezó en  2008, cuando importantes bancos americanos como Lehman Brothers, fundado en 1850, quiebra como consecuencia de las hipotecas subprime, a esta crisis le siguen la de Goldman Sachs fundado en 1865 y Morgan Stanley, siempre se dijo entre los economista, que cuando EEUU estornuda Europa se resfría, y el resfriado no se hizo esperar, el contagio corrió como la pólvora contagiando a la banca europea, iniciándose una crisis económica sin precedentes.
Comenzaron los rescates y quiebras, las políticas de ajuste y una destrucción de empleo y  empresas sin precedentes. En España comienzan los movimientos entre unas atípicas entidades de crédito, las cajas de ahorro, que aunque funcionan como bancos en realidad no lo eran, pues son gobernadas por políticos, así les ha ido a la mayoría, se intenta ganar dimensión para repartir o disimular riesgos tomados, principalmente en proyectos políticos que no económicos y en el sector inmobiliario, culminando muchas de ellas en estrepitoso fracasos.

Estalla la burbuja inmobiliaria, con el desplome del sector de la construcción y la devaluación del sobrevalorado sector de la vivienda, la perdida de empleo comienza por dicho sector, poniendo fin a los que se llamó el milagro español, pero pronto se extiende al conjunto de la economía, las tasa de paro de comienzos del 2008 se ha multiplicado por mas de cuatro.Toda Europa empieza a tomar medidas ante una situación sin precedentes, y la falta de respuesta de la economía a las antiguas recetas, que ya no funcionan, Zapatero y Zarkozy, se reúnen en mayo de 2010, y afirman que ha reinventado el capitalismo, "vaya dos patas para un banco".

Se intentan aplicar las antiguas recetas Keynesianas, inyectar dinero publico para que no pare la actividad económica, pero las arcas publicas están esquilmadas, fruto del gasto publico anterior a base de generar déficit, esperando que el ciclo expansivo las vuelva a llenar. Pero esto no ocurre, no hay crédito, la banca bastante tiene con lo suyo, y para colmo encuentra un producto cómodo y muy rentable, comprar deuda publica, pagada a precios sin precedentes con un dinero que los compran mas barato que nunca. Aparece en nuestras vidas una lejana familiar, quizás de origen maya, de la que nunca habíamos oído hablar pero que viene para quedarse, la prima de riesgo, la cual poco a poco se ha instalado en el dormitorio principal y se ha apoderado hasta del mando de la tele.
Si Marx y  Engels rescribieran el Manifiesto del Partido Comunista, seguro que cambiaria algo y quizás comenzaría con “Un fantasma recorre Europa: el fantasma del monetarismo. Todas las fuerzas de la vieja Europa se han unido en santa cruzada para acosar, a los países más débiles",  cambiando el muerdago y el ajo como recetas tradicionales contra los seres del mas allá, por una única pócima: austeridad y recortes.

Nadie habría pensado hace cuatro años que se empezaría a despedir a empleados públicos, que se les recortarían los sueldos a los funcionarios, que servicios sociales antes gratuitos, ahora costarían dinero, que la justicia dejaría de ser gratuita, que aquellos bancos que te ofrecían créditos e hipotecas y hasta te regalaban viajes y televisores, ahora te ejecutaran la hipoteca te quedaras sin vivienda y sigues siendo deudor todavía.
Los empleos fijos de toda la vida, son tan poco duraderos como uno temporal o ninguno, nuestros jóvenes no encuentran futuro en España, y  miles de universitarios bien cualificados tienen que ser emigrar para terminar de camareros en Alemania o Inglaterra, que buen invento los minijobs. Las entidades financieras siguen ganado dinero, cuando todo el mundo pierde o ve reducido sus beneficios,  prejubilan a experimentados profesionales y en su lugar coloca por el mismo sueldo a cuatro jóvenes, con contrato basura. Los ricos siguen siendo pocos , pero cada vez mas ricos, mientras que el resto de la población se empobrece de manera exponencial.

La amenaza del fin del sistema público de pensiones se vuelve en tema recurrente, las pensiones se congelan y aumenta la edad de jubilación, al tiempo que aumentan los requisitos para obtener una pensión digna. Los fondos que tan abundantemente venían de Europa y tan alegremente se gastaban, en algunos casos, comienzan a escasear.Vemos un día tras otro como se desmantela el estado del bienestar, y los viernes aunque no sean 21 de diciembre de 2012, los españoles no queremos conocer que nuevos ajustes nos trae el Consejo de Ministros. Alemania, por fin y a la tercera va la vencida, es la dueña de Europa, pero ahora no por empleo de los ejércitos  como en los dos intentos anteriores, sino por la utilización de un arma secreta de la que nadie conocía sus poderosos efectos, el Euro y la austeridad presupuestaría, lo que lógicamente garantiza que los bancos alemanes puedan cobrar sus deudas .

Las anteriores generaciones, veían como algo natural que sus hijos prosperaran en lo económico por encima del nivel alcanzado por sus padres, tendencia que se ha visto invertida en esta crisis o ciclo, y son los padres cuando no los abuelos pensionistas, los que tienen que sostener a sus familias en edad de trabajar, pero sin trabajo. Vuelve a tomar fuerza aquella vieja consigna de “vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos”, aunque también esto ha cambiado, pues no sabemos si se podrá vivir de los hijos, o estos se quedaran para siempre, las casas se han vuelto a llenar de inesperados, y en ocasiones incómodos, huéspedes sin intención de marcharse desde que llegó la prima,  prima de riesgo.
La Europa que defendía el estado del bienestar de corte socialdemócrata, solo hace unos años, ha girado al monetarismo a ultranza y al desmantelamiento del bienestar creado, y solo lanza mensajes de más recortes y austeridad que en vez de favorecer la recuperación, crean mas recesión. Mientras que los tradicionalmente liberales Estados Unidos de Norte América, capitalistas a macha martillo, avanzan tímidamente en políticas económicas expansivas y sociales, y ellos siempre al quite (como se dice en el argot taurino) cuando la vieja Europa lidiaba un morlaco mal encastado y peligroso, como ha demostrado mas de un vez en la historia reciente, como ocurrió tras la II Guerra mundial, lanzan mensajes a través del presidente Obama, para que se apliquen políticas expansivas que reactiven la economía, vivir para ver.
Podría seguir con un sin fin de ejemplos, pero a estas alturas convendrán conmigo que no se equivocaron tanto los Mayas y que asistimos a un verdadero cambio de ciclo y modelo, a lo mejor hay que seguir estudiando mas el calendario Maya a ver si encontramos una puerta de salida o incluso alguna nueva receta no aplicada que resulte efectiva y menos dolorosa.

Se equivocaron los que no previeron las crisis, los que minimizaron su alcance, los que propusieron recetas, que no han funcionado y los que vaticinan la salida. ¿Todavía alguien duda del acierto de los Mayas?

No se me ocurre otra cosa que terminar con un fragmento del poema del gran Rafael Alberti:
Se equivocó la paloma.
Se equivocaba.
Por ir al norte, fue al sur.
Creyó que el trigo era agua.
Se equivocaba.
Creyó que el mar era cielo; que la noche, la mañana.
Se equivocaba.
Que las estrellas, rocío; que la calor, la nevada.
Se equivocaba.





Antonio urbano Mármol, 21 de diciembre de 2012

domingo, 9 de diciembre de 2012

LA REFORMA DEL SISTEMA DE PUBLICO DE PENSIONES: UNA OPORTUNIDAD PERDIDA Y UNA TAREA PENDIENTE

Este tema se está convirtiendo en recurrente cada poco tiempo, cuando debería ser algo estable en el tiempo para tranquilidad de todos, las ultimas recomendaciones de Bruselas en el pasado mes de octubre, unido a que la crisis de la economía española, no da respiro y causa estragos sobre el numero de afiliados a la Seguridad Social, que sigue decreciendo de manera alarmante desde 2008, con grave riesgo para el Fondo de Reservas que registró perdidas en 2011 (por primera vez desde 1998) y que ha habido que recurrir a el durante nuevamente en 2012 para compensar determinados desfases ordinarios. Lo anterior unido a que la última reforma de 2011, no pasó de ser una solución a corto plazo y a las voces que abogan por el desmantelamiento o minimización de los sistemas públicos de protección en favor de los privados, al amparo de los vientos liberales que abogan por el adelgazamiento del estado del bienestar, como única causa del déficit público, hacen que este debate vuelva a surgir cada poco, aun cuando no debiera ser así.

Era  tan urgente la reforma del sistema de pensiones español, acometido en 2011, no dudo en que hubiera que hacer algo, pues  los parámetros económicos y demográficos contemplados en los Pactos de Toledo de 1996 que dan cuerpo a nuestro actual sistema de pensiones han cambiado sustancialmente, pero ¿se explicaron y comprendieron  las verdaderas causas de la urgencia de esta reforma? cuando el principal problema no era otro que la disminución del número de cotizantes.

Se habló de la necesidad de reducir el déficit publico, en unos casos auspiciada por el entorno económico europeo, donde el resto de los países de nuestro entorno están acometieron también reformas, principalmente en el aumento de la edad legal mínima de jubilación y otros parámetros de determinan la pensión de los futuros pensionistas, en otros casos por la exigencia de los mercados y otros organismos como la OCDE, quizás sobre recomendaciones poco concretas, donde se añaden otros aspectos como la necesidad de la reforma del mercado de trabajo o la reducción del gasto publico, como garantías para el pago de la deuda publica y los intereses de la misma, ante el crecimiento experimentado en la situación de crisis económica en la que estamos sumidos, donde España es uno de los países de nuestro entorno que menor muestra de recuperación esta experimentando, mostrando una de las mayores y mas  altas tasas de paro, quizás la causa principal y única, traducida ésta en un menor numero de cotizantes frente a los beneficiarios del sistema.

También se pusieron  de manifiesto, como argumentos de la necesidad de la reforma razones de tipo demográfico, ante la tendencia no exclusiva de nuestro país, hacia un envejecimiento de la población y menor proporción de la futura población activa.

Pero si era necesario reformar el sistema, era tan urgente, o eran más urgentes otras actuaciones que den credibilidad a la estabilidad económica de nuestro país, y esta reforma debería hacerse, en caso de ser necesaria, con un debate sereno y sosegado huyendo de simplificaciones, con propuestas bien explicadas y con visión de largo plazo.

En un informe auspiciado por FEDEA, aparecido en 2010 que firmaban 100 economistas, y que yo también suscribiría en buena parte, se  abordaron una serie de cuestiones sobre la Reforma de las Pensiones en España, ente ellas las de carácter demográfico, las necesidad de la equidad, el periodo mínimo de cotización a computar, la cuantía de las pensiones mismas lo que se denomina técnicamente tasa de sustitución, o los mecanismos que garanticen el pago de las pensiones a los futuros jubilados,  aunque también la necesidad  que la reforma del sistema sea complementaria y coherente con otras reformas como la del mercado de trabajo, pero también indicando que esta debe hacerse con “tiempo, calma, conocimiento y oportunidad”, afirmándose que no “deberían repetirse errores del pasado, si es que los ha habido, y plantearse de forma global” llegando a la conclusión de la necesidad de elaborar un Libro Blanco que aborde los distintos parámetros que han de configurar el sistema de pensiones para garantizar el futuro del mismo y explicarse claramente al conjunto de la sociedad.

Las propuestas planteadas por el gobierno de Rodríguez Zapatero en su momento distaban, bastante de ser claras y completas, y se centraron básicamente en la urgencia de dar respuesta las rápida a las recomendaciones externas y necesidad de tranquilizar a los actores de los mercados financieros, ante las dudas sobre la deuda publica y la solvencia de nuestro país, lo que se fue traduciendo en el aumento del precio de la deuda publica.

La reforma acometida giró exclusivamente sobre el aumento de la edad mínima legal de 65 a 67 años y del computo de años para cuantificar la misma de los  15 a 25, en un ejemplo de simplificación  pasmosa del problema y nuevo ejemplo, de improvisación y salir del paso al que ya nos tienen acostumbrados todos nuestro gobernantes sin distinción de color, como ha quedado demostrado en la recientes e inconclusas reformas del mercado de trabajo, dos consecutivas, sin resultados visibles en el mercado laboral.

También  se  introdujo cierta flexibilidad en los requisitos, para tener derecho a la jubilación,  siempre que hayan cotizado un número mínimo de años que  pasaron de los 30 a los 35 para alcanzar la pensión máxima, al final  café para todos, tan propio de nuestros gobiernos socialistas , sin consideración de la especial peligrosidad de algunos trabajadores o los años que tengan de cotización  los trabajadores  pero  si  en cuanto al aumento del periodo medio de computo, lo que permitirá un ahorro en el gasto de pensiones  a medio plazo, que al final se revela como el  objetivo, no explicitado, pero si perseguido por el  Gobierno, desaprovechando una vez mas la ocasión para realizar una reforma de profundo calado, perdurable y sostenible en nuestro sistema de pensiones.

La Gaceta Sindical de CCOO nº. 15 de diciembre de 2010, se  publicó un interesante y clarificador trabajo de Juan Antonio Fernández Cordón que ponía de manifiesto que el cambio demográfico, que supone el envejecimiento de la población en el futuro horizonte de hasta el año 2048, ni es único de España, y que de acuerdo con las proyecciones de  INE y el trabajo de Fernández Cordón no altera la actual tasa de dependencia, por lo que el mayor envejecimiento de la población, podría ser suplida por una mayor tasa de actividad y de empleo, así como con el aumento de la inmigración en el momento que se empiece a crear empleo llegando a la conclusión “que la disminución futura de la población en edad de trabajar no representa ninguna amenaza para el sistema de pensiones, siempre que aumente el empleo, lo que es compatible con la evolución proyectada, si problema hay, no es un problema demográfico” afirma Fernández Cordón, con el que estoy bastante de acuerdo.

Luego quedaron en evidencia que las medidas perseguidas por el anterior Gobierno, solo pretendían disminuir el gasto en pensiones, por la disminución galopante de las cotizaciones como consecuencia de la crisis. No podemos pensar  que la reforma revistiera una urgencia vital, no obstante quizás barajando las previsiones a  largo plazo y con todos los escenarios y estimaciones en la mano, habría que plantearse si el sistema era sostenible en este plazo para hacer frente al escenario futuro del aumento de población beneficiaria e introducir las reformas necesarias con la mayor claridad y consenso entre todos los agentes sociales, este pues debiera haber sido el marco de la reforma y de los ajustes necesarios, sin urgencias y con rigor, cobrando vigor el dicho  “vísteme despacio que tengo prisas” aunque tampoco las había, al menos en lo tocante a las pensiones.

Los países de nuestro entorno con sistemas de protección social publico, han abordado o están abordando reformas con idéntico objetivo, en algunos casos ampliando la edad legal como en Francia  hasta los 62 años, Alemania y Austria han pasando de los 65 a los 67 años . No obstante en Bélgica e Italia la edad legal está situada actualmente en 65 años pudiendo acceder a la jubilación a partir de los 60 años siempre que se tengan 35 años cotizados, en este mismo sentido en Francia se exigen 40 años lo que irá en aumento hasta los 41,5 coincidiendo con el aumento de la edad producido. Otros países como  Chipre, Grecia, Holanda, Irlanda, Luxemburgo y Portugal tienen actualmente una situación similar a la de España, de lo que podemos concluir que la edad legal actual existente en nuestro país, no es diferente ni inferior a la del resto de los países, mas bien se sitúa en un termino medio, por lo que quizás no sea este el único elemento sobre el que haber hecho pivotar la reforma acometida. Dándose al mismo tiempo, una extraordinaria tolerancia hacia las prejubilaciones en edades próximas a los 50 años, cosa que resulta sorprendente por su coste publico o privado.

Además de las medidas de reforma puestas en marchas por los países anteriores, en exclusivamente en cuanto aumento de la edad legal, existen otra batería de medidas, y que se enumeran en el Informe de FEDEA, y que están siendo puestas en marcha por algunos países: aumento del numero de años para el calculo de la base reguladora, aumento del numero de años cotizados para acceder a la pensión completa (actualmente en España 30 años), revisión del mecanismo de indexación, incentivos a la permanencia contributiva en el sistema, reducción de la tasa de reemplazo ( es decir el porcentaje de la pensión efectiva sobre la base reguladora (que actualmente se sitúa en España en el 80%) , otros cambios mas radicales son aquellos que abogan por sustitución del sistema actual de prestación definida por un sistema de contribución definida ( Hungría y México) o un sistema de cuentas nocionales (Italia, Polonia o Suecia), o incluso sustituir en parte el sistema de protección públicos por los planes privados, idea muy perseguida por el insaciable sector financiero.

A mi juicio, el futuro escenario del sistema de pensiones, dentro del modelo publico  de garantía  y redistributivo, que inspira al establecido en nuestro país, desde hace años y que debiera seguirlo siendo, y la reforma a acometerse en el largo plazo debería hacerse entre un mix de variables, pero salvaguardando los principios inspiradores que rigen el actual sistema, consagrados en la legislación y el Pacto de Toledo de 1994
En la medida que se avance en determinados extremos como los que últimamente cobran peso en el debate, nos alejaríamos del modelo público para aproximar su funcionamiento al modelo privado, por el cual obviamente abogan algunos de los agentes que presionan, lógicamente  para establecer un modelo privado, en su propio beneficio como gestores privados de planes de pensiones.

En está opinión se encuentran quienes estiman que habría que disminuir la tasa de reemplazo actual (80%), considerándola mas generosa que en otros países, pues bien hemos visto como la pensión media de jubilación asciende en 2010 a 881, 35 Euros, cifra que se sitúa, algo por encima, pero no muy distante del Salario Mínimo español (739 euros). 

Con una perspectiva mas amplia también en comparación con los países de nuestro entorno podemos ver como este salario mínimo en España se sitúa en una zona media pero en el tramo inferior a la misma según los datos de EUROSTAT (Oficina Estadística de la Unión Europea), mientras que este en países como Holanda asciende a 1408 Euros, 1344 en Francia, 1076 en Gran Bretaña, por poner algunos ejemplos, siendo también mas alto el nivel salarial, mientras que el coste de vida no difiere en exceso entre estos países y el de España.

La reforma del sistema debería haberse abordado con un conocimiento completo de todas las variables que intervienen y sus proyecciones futuras, con la participación mas amplia posible de agentes sociales y expertos, y no partiendo de visiones y premisas preconcebidas o de propuestas parciales, escasamente solventes y poco explicadas, como el exclusivo aumento de la edad legal de jubilación.

Algunas de las variables que deben ser consideradas ¿por que no ir hacia un modelo flexible, en cuanto a la edad mínima legal a partir de los 60 años de forma voluntaria?, siempre que se reúnan unos requisitos previos por ejemplo 40 años de cotización, ampliando la base de calculo, con cambios si es necesario del método de indexación, e incluso introducir parcialmente un sistema de cuenta de capitalización, y primando la permanencia voluntaria en el mercado de trabajo a partir del cumplimiento de estos requisitos, no permitiendo las generosas jubilaciones con fondos públicos, de cualquier procedencia, de determinados colectivos. Estas medidas  contribuirían a la entrada en el mercado de trabajo de jóvenes y de la importante población en edad de trabajar, y de aquellos activos que se encuentran en situación de paro, de manera extraordinaria en España entre la población juvenil.

Debería y debe  huirse siempre en estos temas, de urgencias no justificadas, y haberse revisado solo justamente necesario del sistema, pero con pies de plomo, pues las prisas no son buenas consejeras ni gobernantes,  y no haber actuado con medidas de parcheo y para salir del paso, que requieran una posterior revisión en el corto y medio plazo, una nueva ocasión perdida y una tarea pendiente y sujeta siempre a la insaciable presión de intereses no tan legítimos como son los gestores privados y sus ramificaciones en la banca internacional.

Nota: En estas lineas actualizo la opinión mantenida hace casi 2 años con motivo del debate de la reforma acometida en 2011.

http://www.diariodesevilla.es/article/opinion/880636/la/reforma/las/pensiones.html


, Economista y Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta de Andalucía
http://www.cosasdeandalucia.com/web/index.php/tribuna-libre/3054-la-reforma-del-sistema-de-publico-de-pensiones-una-oportunidad-perdida-y-una-tarea-pendiente.html

Antonio Urbano Mármol
Economista,  Investigador y Profesor Honorario de la Universidad de Sevilla. 
Máster en Alta Dirección de Instituciones Sociales por el Instituto Internacional San Télmo.
Diplomado en Procesos y Planificación del Desarrollo (ILPES, CEPAL, IEHA)
Funcionario de los Cuerpos de Gestión Financiera y del Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta de Andalucía.


viernes, 23 de noviembre de 2012

LA LEY DE TASAS JUDICIALES ANTE LOS ABUSOS DE AUTORIDAD: LEY ANTIBOTELLON


La aprobación de la nueva Ley de Tasas Judiciales, Ley 10/2012, supondrá en general una limitación del acceso a la justicia y en muchas ocasiones será más caro recurrir una actuación administrativa que el importe de la sanción misma, pues en estos casos la tasa mínima de la vía Contencioso-Administrativa es de 200 Euros. En reclamaciones monitorias, contra deudores muy frecuentes en estos tiempos de crisis  100 Euros, en reclamaciones de de trabajadores en la vía de lo social, por impago de salarios, despidos etc. mínimo 300 Euros, y así un sin fin de circunstancias en primera instancia. Esta Ley dará para muchos comentarios y supone una barrera disuasoria para recurrir a los tribunales ante múltiples situaciones cotidianas, que dejarán indefensos a muchos ciudadanos, ante determinados atropellos y vulneración de sus legítimos derechos.

En estas líneas analizaremos el impacto de esta ley de tasas con un ejemplo práctico y real, muy frecuente en nuestras ciudades, y concretamente conozco numerosos casos en Sevilla,  donde la aplicación que realiza el Ayuntamiento de Sevilla, entre otros, de la llamada ley antibotellón, que vaya bodrio de ley, aprobada en 2006, Ley 7/2006, por el gobierno socialista y aplicada ahora con saña recaudatoria por algunos ayuntamientos ante la sequía de las arcas municipales, se convierten en aliados perfectos para recaudar con total impunidad y nocturnidad.

La Ley antibotellón, Ley 7/2006, de 24 de octubre, prohíbe en su artículo 8.1 “permanecer y concentrase en unión de personas consumiendo bebidas fuera de zonas que el ayuntamiento haya establecido como permitidas”, tipificándose dicha falta como leve y proponiendo una sanción económica de 100 Euros en la mayoría de los casos, aunque esta puede llegar hasta los 300 Euros. Por aplicación de esta Ley podía sancionarse a todo grupo de personas que circulen por las calles de Sevilla  y que pudieran estar consumiendo incluso agua o refrescos,  turistas, familias etc. muy habitual en la ciudad de Sevilla
Que suele ocurrir cuando llega la Policía Local y te pide que te identifiques, estando en una reunión circunstancial de personas, en un espacio publico y que su particular juicio y/o siguiendo instrucciones del Ayuntamiento  interprete esa reunión como una infracción a esta ley, pues que tras identificarte te entrega un parte de denuncia  con  copia  literal del artículo 8.1 de la Ley 7/2006 sin especificar la o las bebidas  que   presuntamente se están consumiendo y sin que se identifique el numero de personas  te acompañan ni su identificación. 

¿Puede negarse un ciudadano sea cual sea su edad a identificarse? ¿Que se puede hacer ante la conminación de los agentes de la autoridad a identificarme? sino cumplir con dicha orden o incurrir en desacato aunque no se este consumiendo ningún tipo de bebida, o consumiendo cualquier tipo de bebidas como agua, refrescos etc.,  o sin realizar actos molestos para la convivencia, pues esto  está ocurriendo en Sevilla, y  aunque se ponga de manifiesto a los agentes que no se está realizando nada ilícito  te  obligan a identificarte, por estar  allí reunido.

Estas actuaciones policiales, se están produciendo, vulnerando  los artículos 19 como el 21 de la Constitución, y cuya salvaguarda corresponde a los poderes públicos según establece su artículo 53, pues al no tratarse de una manifestación organizada sino de una momentánea coincidencia de personas, no se requiere autorización administrativa previa, y es tan frecuente y habitual como las reuniones que se forman de manera espontánea a la entrada de un espectáculo, entrada o salida de una iglesia, una boda o cualquier otro evento público o privado.

El artículo 8.1 de la ley 7/2006 establece que serán infracciones leves: La permanencia y concentración de personas que se encuentren consumiendo bebidas o realizando otras actividades que pongan en peligro la pacífica convivencia ciudadana fuera de las zonas del término municipal que el Ayuntamiento haya establecido como permitidas”,  esta norma exige la concurrencia de dos supuestos: la permanecía de personas y el consumo de bebidas o actividades que pongan en peligro la convivencia, por lo que estar o circular en un espacio publico en compañía de otras persona, por si mismo no constituye una infracción a la precitada ley y se trata de un supuesto de amparo constitucional.
Así el artículo 1 de la ley 7/2006  establece: que la Ley tiene por objeto la ordenación de potestades administrativas relacionadas con el desarrollo de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía, al objeto de garantizar el normal desenvolvimiento de la convivencia ciudadana y corregir actividades incívicas incompatibles con la normal utilización de los espacios abiertos de los núcleos urbanos. Estableciéndose   a tales efectos de esta Ley, que se entiende por actividad de ocio toda distracción que consista en la permanencia y concentración de personas en espacios abiertos del término municipal, que se reúnan para mantener relaciones sociales entre ellas, mediante el consumo de bebidas de cualquier tipo, y se entenderá, a efectos de esta Ley, por espacio abierto toda vía pública, zona o área al aire libre del correspondiente término municipal de dominio público o patrimonial de las Administraciones Públicas.

Con el argumento de esta ley, si tienes la desgracia de una noche cualquiera estar detenido en amena charla con unos amigos y pasa una patrulla de la Policía Local de Sevilla y te hacen identificarte es muy probable que te propongan amablemente una sanción al amparo de la ley 7/2006, aunque el expediente se encuentre carente de cualquier elemento probatorio, sin identificar la bebida que presuntamente se esta consumiendo, sin concretar los hechos denunciados al pegar literalmente el texto del artículo infringido,  cosa que esta ocurriendo en Sevilla con multitud de jóvenes y no tan jóvenes,  y que en el caso mínimo asciende a 100 euros, estamos jodidos si tienes la desgracia de que te ocurra, vulnerando además el principio de presunción de inocencia y lo establecido en el  Artículo 137.1 de la Ley de de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/1992, de 26 de noviembre “los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario”.

Estas denuncias suelen, muy frecuentes en la noche sevillana, al igual que algunas otras ciudades, y  sus notificaciones suelen ser  un escrito genérico que no contiene los requisitos esenciales que deben reunir los expedientes y notificaciones sancionadores, y que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/1992, no identifican de forma adecuada al presunto infractor, ni ponen de manifiesto los hechos, sino que se trata de un totum revolutum donde se notifica de forma inespecífica el inicio del expediente, se propone una resolución definitiva, sin que figuren los extremos de identificación necesarios, los hechos presuntamente cometidos y la sanción que puede corresponder, pero dejando claro que adquiere firmeza en caso de no presentar alegaciones en el palazo de quince días, y si se indican las formas de pago, sin relación ninguna con el expediente de que se trata, ni establecer los recursos que caben contra la resolución en caso de que esta adquiera firmeza. Además en el reverso, se limita a identificar al interesado, la normativa aplicable, carente de la motivación necesaria, y se impone una sanción económica, y sus plazos de ingreso,  careciendo absolutamente de las formas, garantías y contenidos establecidos en los artículos 53,54 y 55  de la Ley 30/1992.

Estas  notificaciones, que según el  Artículo 58 de la le 30/1992 deberán contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente,  preceptos que en ningún caso respetan los  escritos que remite el Ayuntamiento de Sevilla.

Si tras presentar las alegaciones oportunas estas resultan desestimadas cosa alto probable,  se producirá y notificará la  Resolución definitiva, y contra la que caben los recursos en vía administrativa, de los que normalmente también se recibirán una negativa sistemática, no quedado nada mas  que acudir a la reclamación Contencioso Administrativa, previo pago de la sanción 100 Euros mínimo y las tasas correspondiente a la nueva ley 10/2012, otros 200 euros de ala como ocurrirá a partir de ahora.
No en vano el Ayuntamiento de Sevilla, lleva recaudado en diez meses casi 19 millones de Euros en multas, mas que en todo el año anterior completo, y pretende alcanzar los 25 Millones en el año, de los cuales mas de 600.000 Euros son por infracciones o supuestas infracciones de la botellón, y a partir de ahora se convertirá en combinado perfecto con la Ley de tasas Gallardón. No quiero ni pensar cuando al iluminado recaudador sevillano se le ocurra pasar  cualquier medio día o noche por la Plaza de Salvador de los fines de semanas, y observe la concentración de personas bebiendo cerveza, y las vea como potenciales billetes de 100 Euros a recaudar.

En definitiva y como consecuencia de la ley Gallardón, la hasta ahora lenta vía de lo Contencioso Administrativo, va a experimentar una descongestión pero no por su agilización, sino por mor de las nuevas tasas, si esta ya era lenta  y a la que con frecuencia abocaban a los particulares las distintas administraciones a sabiendas que muchos de los posibles recurrentes no la emprenderían por su lentitud, y su coste en defensa, siendo esta actitud irresponsable de las administraciones la principal causa de su lentitud, pero a partir de ahora se disuade aun mas al posible recurrente con el coste de la tasa para recursos de cualquier cuantía.

Que será del precepto constitucional de tutela efectiva ante los tribunales de los intereses legítimos de los ciudadanos, y su defensa, cuando la cuantía no compensa el pago del coste de la tasa. La justicia no ha sido nunca gratuita, hay unos costes de asistencia jurídica y el resto, los tribunales,  los pagamos de nuestros impuestos y ahora que estos son más altos, se imponen además unas tasas que imposibilitan o hacen que no merezca la pena pagar su coste en muchas ocasiones, aun cuando se produzca un atropello injusto de tus derechos, como hemos comentado. Cabe preguntarse si se están usando de forma torticera las leyes para recaudar y ahora doblemente: los ayuntamientos y el estado por la administración de justicia.

Efectivamente Sr. Gallardón, hay con razón una fuerte contestación a su ley, tanto ciudadana como  judicial y hasta por  algunos miembros de su partido, y todavía no se ha puesto nombre al engendro de Gallardón, aunque esto no son tasas son un “tazón” que rima  con butrón, tirón (cosas de mangazo) y también con botellón,  pero con lo que no casa, aunque rime,  es con la Constitución, Sr. Gallardón  no, no lleva la razón.

Antonio Urbano Mármol
Economista

martes, 13 de noviembre de 2012

SOBRE LA HUELGA DEL 14 N, SUS RAZONES Y UTILIDAD


Posiblemente la situación de la economía española y la fuerte crisis económica en que se encuentra sumido nuestro país, desde hace varios años, y que comenzó con el anterior gobierno del PSOE, el cual no solo no adoptó medidas suficientes y a tiempo, si no que comenzó por negar la existencia de la misma, justifiquen el enfado y desesperación de los ciudadanos hoy día, y que estos puedan expresar su descontento mediante una huelga general, como la que se ha planteado para el 14 de noviembre.

Desde la instauración de la democracia, España habrá vivido 8 huelgas generales, aunque una de ellas Light, como la de enero de 2011. El gobierno de Felipe González, sufrió cuatros huelgas generales en 1985 , 1988, 1992 y 2002 estas no fueron mayoritarias en su seguimiento aunque sus efectos se hicieron notar. La quinta huelga general se produjo en 2002, contra la política del gobierno de Aznar, muy apoyada por los sindicatos y por el PSOE, allí donde gobernaba, en  algunas CCAA como Andalucía no se descontó el sueldo a los funcionarios que la secundaron, no se si de forma generalizada, pero me consta que el Servicio Andaluz de Salud, no lo aplicó (por aquella época la plantilla del SAS alcanzaba los 75.000 empleados).

Zapatero, ya en plena crisis con desplome del empleo y más de 4 Millones de parados, con un importante déficit y el comienzo de los recortes sociales y salariales, principalmente a los empleados públicos, recibió otra huelga general en septiembre de 2010, por su esbozo de reforma laboral, revisión de la edad de jubilación y congelación de las pensiones. Posteriormente y de forma testimonial y light en enero de 2011, recibió otro amago de huelga aunque en este caso no secundad a por los sindicatos mayoritarios, ni alentadas por partidos de la oposición, ni en  todas las CCAA.

Con la huelga del 14 de noviembre de 2012, será la segunda que sufra el gobierno de Rajoy, después de la registrada el 29 de marzo de este mismo año, y en casi en menos de un año desde que se celebraran las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, donde el PP obtuvo mayoría absoluta, nunca fueron tan seguidas en tan corto espacio de tiempo, con lo que Rajoy se lleva la medalla de plata, y medalla de oro en cuanto a rapidez con la se le ha contestado a su política, aunque en palabras de Felipe Gonzalez, cualquier gobernante que se precie debe sufrir una o varios huelgas generales.

Por la experiencia vivida en todas las huelgas generales, ninguna de ellas ha servido para cambiar la línea de acción del partido y gobierno del momento. Aunque si para expresar el descontento popular/sindical o político, con las medidas del gobierno de turno, pero poco más.

Esta huelga general se plantea, ante unas circunstancias sociales graves, el paro ha seguido creciendo, las políticas de ajuste aplicadas por el gobierno han hecho mella sobre determinadas partidas de gastos sociales, incluidas las millonarias subvenciones a sindicatos, la segunda reforma laboral acometida en poco más de 2 años. Se explica por parte de sindicatos y partidos políticos (IU en mayor medida, aunque también el PSOE) ante el descontento social consecuencia de la crisis y las medidas de recorte aplicadas por el gobierno del PP, pero quizás el escenario político dibujado tras las pasadas elecciones autonómicas y generales han pintado los gobiernos de casi todas las CCAA de azul, al igual que los principales ayuntamientos de las principales capitales. Se ha dicho por parte de algunos que cuando la izquierda pierde el poder trata de ganar la calle y quizás, esta afirmación, no esté exenta de razón.

La situación es algo mas grave que la que dejo Zapatero, pues la herencia recibida no ha dejado margen de actuación sino para aplicar fuertes recortes y reducir el fuerte déficit publico, que dejo el gobierno anterior, que no solo no actuó si no que de alguna forma, como la orquesta del Titanic, siguió canturreando su “soniquete de brotes verdes a la vista”, y no adoptó medidas rotundas para actuar los efectos, sin embargo los principales sindicatos ahora convocantes asistieron de forma casi pasiva a este deterioro de la situación, actitud muy diferentes a la que están  teniendo ahora, ante la política que el PP tiene que abordar nos guste o no, ellos afirman que tampoco son de su agrado, ni siquiera estaban en su guión. No obstante a diferencia de la ultima legislatura de Rodriguez zapatero, el PP alcanzo una holgada mayoría absoluta, con votos propios y prestados, otorgados por los españoles en la confianza del cambio, pero estos no esperaban este papelón, y pensaban ingenuamente que con su sola llegada, la economía iba a recuperar confianza, pero ¿podemos achacarle a este  partido la culpa de la situación? o solo no nos gustan los ajustes o la orientación de los mismos.

Es legitimo que sindicatos y plataformas ciudadanas manifiesten su descontento con las políticas de ajuste, en gran parte impuestas por nuestro entorno Europeo, de donde no hay que olvidar que hemos recibido abundantes fondos para el desarrollo y el reequilibrio entre los países de la Unión, y que en los años de bonanza han sido gastados en cuantiosas y costosas obras públicas, en algunos casos infructuosas, y en reparto de subvenciones multimillonarias a quien correspondía y no, sindicatos, organizaciones empresariales, ONG´s, partidos políticos etc., que ahora ven como se cierra el grifo, y en muchos casos se ven abocados  a despidos de sus empleados, en esas generosas estructuras creadas a  golpe de subvención. Sindicatos que plantean como una de sus razones para la huelga, la reforma laboral, pero que la aplican escrupulosamente en el despido de sus trabajadores.

Efectivamente la Constitución Española en su artículo 28.2., reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. También texto refundido de la ley del Estatuto de los Trabajadores en su artículo 4, reconoce como uno derechos  laborales básicos,  el derecho a la  Huelga, y mas específicamente regulado en el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo.

Parece lógico que estos sean derechos de los trabajadores, pero ¿lo son de los políticos?, y lo son de aquellos que ostentan cargos públicos allí donde gobiernan, pues no parece que tenga mucho sentido en cuanto no son trabajadores sino parte del estado, y su sueldo no lo perciben en función de su asistencia al puesto de trabajo si no en razón del cargo, resulta inaudito como en Andalucía miembros del Gobierno y Parlamento se sumen o promuevan la huelga.

Durante el día de huelga las empresas deben aplicar la disminución proporcional de haberes y complementos, así como están exentas de cotizar a la Seguridad Social, por estos trabajadores, pero hacen huelga en este estricto sentido los cargos políticos y miembros de los partidos a sueldo de estos que las promueven, y a los miembros de las estructuras sindicales o liberados, también se le deduce el día de huelga?

Entre los motivos para la huelga, he encontrado al menos dos que la relacionan con los recortes y ajustes a los funcionarios, resulta curioso cuando los principales sindicatos de funcionarios no secundaran la huelga y que estos sindicatos no han estado en la defensa de los empleados públicos en ningún momento, desde que estas empezaron en 2010 con Zapatero. Se achacan y confunde la congelación de las pensiones aplicadas por Zapatero, con las políticas aplicadas por Rajoy.

Otra gran batería de razones tiene que ver con la subida del IVA, no es la única vez que se ha subido el IVA, y además se hace, tanto por motivos de generar ingresos para poder afrontar los gastos públicos, como por la equiparación al resto de los países Europeos. Otros aspectos no hacen mas que poner de manifiesto los recortes de gasto publico, antes repartidos generosamente y quizas hasta irresponsablemente, sin tener en cuenta la escasez de recursos de donde se nutrían, pero donde no importaba generar déficit publico, lo que hipoteca de manera extrema las cuentas publicas para el futuro, y el recelo de nuestros socios europeos, de hecho una de las partidas mas significativas unitariamente en los PGE 2013 son los cuantiosos intereses de la deuda publica.

Tendremos que estar preparados para nuevos ajustes, como el redimensionamiento de las abundantes y duplicadas administraciones publicas, y deberían eliminase determinadas prebendas de los cargos políticos, incluso suprimir órganos inútiles como el Senado o muchos órganos duplicados en ayuntamientos, diputaciones y CCAA, sin embargo estos no se encuentran entre los argumentos y razones de la huelga.

Hay un clima social ciertamente dolorido por la crisis,  muchos afectados por el cierre de empresas, muchas familias no cuentan con ningún tipo de ingreso, muchos afectados por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, que tan pingues beneficios otorgó a promotoras, constructoras, trabajadores varios, empresas auxiliares, entidades financieras y ayuntamientos de toda índole.  Fueron muchas las voces que advirtieron del riesgo que tenia el sector de la construcción, pero nadie se atrevió a enfriarlo, incluso se le llamó el milagro español y ahora estamos sufriendo  las consecuencias de ello, con la crisis del modelo hipotecario, con una legislación que siempre fue la misma desde su aparición a finales del siglo XIX, y que ahora está mostrando sus cara mas cruda con casi 400.000 ejecuciones desde el inicio de la crisis.

Ejerzamos nuestro derecho a quejarnos, pero de poco mas servirá esta  huelga  general, además de  generar mas  perdidas en la maltrecha economía, acaso ¿servirá para modificar las políticas? ¿ hay otras políticas posibles cuando la orientación de casi toda Europa es de corte liberal? ¿ y en caso de no serlo, cuando las arcas publicas están vacías, es posible hacer otra política económica que no se base en la austeridad?

Quejémonos, hay motivos y si no se buscan, estamos en nuestro derecho, la crisis siempre golpea a los mas débiles, concepto que ha alcanzado nuevas dimensiones en esta crisis, pero ¿fue alguna crisis de otra forma? podemos culpar al gobierno de hasta la muerte de Manolete, pero sinceramente en mi modesta opinión auguro escasos resultados a la protesta.

Antonio Urbano Mármol

miércoles, 7 de noviembre de 2012

NEGRO SOBRE BLANCO


Hoy es un día que ha triunfado el negro sobre el blanco,  y no me refiero a la victoria de Obama sobre Romney, que también. Ha visto la luz después de un tortuoso periodo de estudio, el fallo del Ese-Lentísimo Tribunal Constitucional, sobre la constitucionalidad del matrimonio entre personas de mismo sexo, interpuesto hace siete largos años por el Partido Popular, que ha puesto en negro sobre blanco la plena legalidad de estas nuevas parejas o matrimonios, ya era hora Ese-Lentísimos Sres. Magistrados o miembros del TC, o quizás lentísimos a secas.

Se ha puesto en negro sobre blanco por parte de la Unión Europea y del Sr. Rajoy que quizás España comience a salir de la recesión en 2014, y que comenzará a disminuir la carga impositiva vía IRPF, serán estos los brotes verdes, o hay que creerse lo negro sobre blanco. También hace un par días se ponía de manifiesto la cifra récord de Paro registrado, y la disminución de cotizantes a la Seguridad Social,  esta noticia es negra, negra sin paliativos.

La audiencia de Sevilla ha puesto en negro sobre blanco, la primera sentencia que condena a un político andaluz y ex miembro del Gobierno de la Junta de Andalucía. Ya era hora que alguien fuera condenado por sus fechorías y mal uso de un puesto público.

Vio  la luz hace unos días, convenientemente maquillado el informe de la Cámara de Cuentas sobre el asunto ERE, y que dejaba en negro sobre blanco, pese a la cirugía estética, la falta de procedimiento y discrecionalidad de las actuaciones, realizadas durante casi 10 años y que han costado la friolera de 1.000 Millones de Euros, y donde también ha habido dinero y manos negras, que se lo ha llevado calentito.

Luego los negros estamos de moda, nuestro hermano Obama, el primer negro en la Casa Blanca, o mas bien "casa negra" por cuatros años mas,  revalidando su política progresista y sensible a las cuestiones sociales, bueno a la americana, donde se invento lo light, no vayamos a echar las campanas al vuelo.

Todos somos negros, es decir los que curramos calladamente, y somos tratados como esclavos por nuestro gobernantes, en esa tradición secular de nuestros mas antiguos gobernantes desde la época de Felipe II, que esquilmaba a la población para financiar sus guerras de religión, y ahora seguimos contribuyendo como negros para rescatar la banca, sanear las cuentas publicas del despilfarro de nuestra extensa casta política y encima soportando importantes recortes de sueldo, los funcionarios, los negros de la administración, no los políticos que son una casta de blancos intocables.

También parece que los dos principales han alcanzado hoy mismo una acuerdo para la modificación legislativa de la normativa hipotecaria y sobre una garantía de los miles de ciudadanos, amenazados de desahucios por el impago de sus hipotecas, como consecuencia dela crisis, asunto ya tratado en en este blog, y aunque de momento solo es un principio de acuerdo en blanco, esperemos que mas pronto que tarde, se convierta en una realidad legislativa, es decir en negro sobe blanco.

La única excepción a estas noticias en negro, es la lamentable perdida, extravió o mangazo a secas por algunos Sres. Diputados del Congreso de sus blancos iPad,  que han pasado al mundo de lo negro por arte de magia y que pretendían que se les sustituyeran por otros nuevos, ya esta bien de cara dura y esquilmar al erario publico, somos negros pero no tontos.

Este otoño se impone el negro, lo clásico nunca muere, viva el negro.

Antonio Urbano Mármol.

jueves, 1 de noviembre de 2012

EL DECRETO SOBRE DESPIDOS EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 2013.


El pasado 30 de octubre veía la luz en Real Decreto  1483/2012, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de  contratos y reducción de jornada. La gran novedad que establece este RD viene recogida en  cuanto a normas específicas de los procedimientos de despido colectivo del personal laboral al servicio de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público, hasta ahora no regulado en nuestro país y casi inexistente hasta ahora en el ámbito del denominad sector público empresarial.

Entre los supuestos que se contemplan en esta nueva norma se establecen la causas económicas, considerándose que se justifican dichos despidos (ERE y ERTE), cuando haya existido déficit en el año anterior y que los ingresos (transferencias o aportaciones de la administración) desciendan en un 5% en el ejercicio corriente, o en un 7% en los dos años anteriores.

Tendrán  prioridad de permanencia en el ente, organismo o entidad pública, (no la Administración General) afectado por el procedimiento de despido, el personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, a través de un procedimiento selectivo de ingreso convocado al efecto, es decir el que haya accedido  igual que los funcionarios.

Bueno pues el marco jurídico queda claro, a lo que hay que añadir la auditoria sobre todo el sector público a nivel, nacional, autonómico y local que está desarrollando el gobierno nacional, para detectar duplicidades u organismos o entes ineficientes, y que verá la luz a mediados de año, y que servirá para adelgazar el sector publico en nuestro país.

No obstante la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2013 y el proyectote Presupuestos para la Comunidad Autónoma Andaluza  presentado estos días ante el Parlamento, ya fijan importantes disminuciones en las transferencias y subvenciones de que se nutren estos entes y organismos públicos un 7,7% de media (no la Administración General).

En Andalucía se llevo a cabo una Reordenación de la Administración Pública que supuso la eliminación de un puñado de empresas publicas, fundaciones, organismos, y entes de la mas variopinta naturaleza, mediante la cual se integraron en otros entes y agencias en torno a 26.000 trabajadores o algunos más, contratados laborales, en una amplia casuística de relaciones contractuales y heterogéneo proceso de ingreso y selección.

Posteriormente y como consecuencia de diversos recursos interpuestos por los sindicatos de funcionarios, los tribunales y el TSJA, han venido a declara ilegal los respectivos Decretos de integración de este personal en los organismos que se subrogaban en la relación laboral respecto a estos trabajadores, al no considerarlos personal al servicio de la administración, al contrario que ocurre con los funcionarios y personal laboral y estatutario de la Administración General, donde se han seguido los principios de publicidad, igualdad, merito y capacidad, en su selección.

La Junta de Andalucía en un absoluto desprecio hacía estas sentencias ha seguido manteniéndolos en  nómina, bajo la sui-géneris e imaginativa, sin precedentes en el derecho que regula las relaciones de la Administración con su personal, formula y denominación de “Empleados Públicos Subrogados”, al desmantelarse y suprimirse el conglomerado de empresas y entes de procedencia, supuesto contemplado ahora en el Real Decreto  1483/2012, como causa de despido.

Este personal, del que ni la propia administración tiene de momento información muy clara, en cuanto su número y coste, según las estimaciones que se manejan oscilan en número entre los 26.000 y los 30.000, cifra nada despreciable si se tiene en cuenta que el personal propio de la administración (funcionarios, interinos y laborales) que prestan sus servicios en lo que se denomina Administración General de la Junta de Andalucía en toda las Consejerías, Delegaciones y provincias  escasamente llega a 25.000, ascendiendo el coste laboral de los primeros a casi 3.000 millones de Euros (también según estimaciones).

Con motivo del Plan de Reequilibrio Económico y Financiero, y cumplir con los objetivos del déficit y ajuste, la Junta acometió una importante reducción de sueldos en su personal en 2012, y que mantendrá en 2013, vía eliminación de las pagas extras, reducción del 10% adicional en sueldo y tiempo de trabajo a los interinos, y eliminación de ayudas sociales y complementos retributivos. Posteriormente como consecuencia del recorte general decretado por el Gobierno Central para todo el Estado.
La Junta suspendió alguna de estas mediditas en 2012, para no gravar doblemente a su personal, pero que seguirá aplicando en 2013, pese a que el Gobierno Central ha restituido las pagas extras para los funcionarios en 2013, aunque si aumento salarial y en los mismos términos y cuantías, que fijo el Decreto de Rodríguez Zapatero en mayo de 2010. Como consecuencia de ellos los funcionarios han perdido desde 2010 casi el 30% de su poder adquisitivo, en Andalucía se aumentará dicha pérdida en 2013 en casi un 7% más.

Se ha empleado por la Junta de Andalucía como argumento para realizar los recortes: “garantizar el empleo publico” ¿pero de quienes se está hablando, en realidad no será de  los “Empleados Subrogados”? aunque en la practica han disminuido las contrataciones de sustitución de interinos en sanidad y educación, por  poner algunos ejemplos.

Los Presupuestos para 2013, presentados por la Junta de Andalucía con una reducción global de 30.706 Millones de Euros, y que con pocos cambios pasarán el tramite parlamentario y se convertirán en Ley a final de año, contemplan importantes reducciones de transferencias y financiación hacia los entes y empresas publicas, es decir las contempladas en el RD  1483/2012, además la Consejera de Hacienda, ya ha dejado caer, para quien haya sabido entender, que los presupuestos pretender preservar los servicios públicos y el empleo, ero que posiblemente afecte a la “reducción de interinos”, miedo me dan estas palabras.

La caída de los ingresos y transferencias a lo entes y empresas publicas contempladas en estos Presupuestos, son importantes descendiendo globalmente un 7,7%. En algunos casos como Canal Sur llegan al 27%, en la Empresa Pública de Turismo y Deporte llega al 36%, EPSA un  40% menos, la Agencia de Puertos un 26%, Inturjoven un 36%, la Agencia de la Energía un 54% menos el Ente de Infraestructura y Servicios Educativos un  12%, solo se mantienen los ingresos o suben la Agencia de la Dependencia, Extenda, la Agencia de Obras Publicas y de la del Conocimiento.

Nos encontramos pues ante los supuestos contemplados en el Decreto 1483/2012,  déficit que siempre lo hay y disminución de ingresos, por lo que se podrán iniciar los ERE y ERTE en estas empresas y organismos ¿cual será el siguiente paso?.

En la práctica y de forma silenciosa ya ha comenzado a despedirse a algunos de los trabajadores que formaban parte del entramado anterior a la Reordenación como los que pertenecían a las UTDLT, así como en la EPSA y otros. Conozco algunos casos donde este personal despedido tenía plaza como laboral o funcionario en la Administración General,  no todos, y aunque algunos sin serlo han obtenido rápidas recolocaciones como personal de confianza, por algo lo eran, pero el resto, los de a pié, cuando han solicitado la incorporación han obtenido como respuesta que en estos momentos no hay plaza disponible, a su casa y sin sueldo.

Se puede ver un numero, o muchos, los mimbres están puestos y me temo lo peor, ¿seguirán reduciendo el sueldo a los funcionarios, interinos y laborales, de la administración? para poder pagar las nominas de estos “Empleados Públicos Subrogados” aplicando la táctica de la viuda cuyo hijo no tenia merienda, pero pedía la mitad a cada uno de los allí congregados, para que su niño merendara y bien. No me alegro de que nadie pierda su empleo, aunque el ingreso en la administración, se rige por un procedimiento establecido en la legislación, que ocurrirá con los atípicos casos que engrosan estos 30.000 empleados de empresas, entes etc., donde en 2013 se van a reducir drásticamente las aportaciones de financiación publica., me temo lo peor.

"No sobran tantos funcionarios. Lo que sobran son políticos jugando a funcionarios en destinos de alto cargo, en unos estados de la señorita Pepis, que la endeudada España de 2012 no puede mantener" ( Luis del Val, diario Melilla Hoy, 30 de octubre de 21012)


Antonio Urbano Mármol
Economista y Funcionario por oposición de 2 (Cuerpos de  Gestión Financiera y Superior de Administradores Generales)