La situación de crisis que vive
España y la necesidad de ajustes/recortes a la que se ve sometida, una semana
tras otra, en las reuniones de Consejo de Ministro, que el Gobierno adopta
en solitario con fuerte contestación del conjunto de la sociedad y partidos,
he hecho traernos a la memoria, de manera recurrente, la necesidad de un gran
pacto con todas las fuerzas políticas, sindicales, sociales y un nuevo agente
como lo son las Comunidades Autónomas, de manera que vuelva a repetirse la
formula adoptada con éxito hace a 35 años con los Pactos de la Moncloa.
Aunque salvo por la gravedad del enfermo, el
diagnostico de un momento y otro son muy distintos. En 1977 la economía
española, en aquel momento la coyuntura económica era grave después de que la crisis del petróleo de 1973 alcanzara de
lleno a España, a la que no había afectado tan rápidamente como a los países
europeos considerados aliados de Israel por la OPEP. El desempleo, que durante el franquismo quedaba ocultado
por la emigración a Europa, y que ahora en crisis no admitía, produciéndose en
cambio el retorno de los emigrantes. La inflación
había superado la frontera del 40% a mediados del año 1977, y se temía la
posibilidad de alcanzar cifras de verdadera hiperinflación,
como las que posteriormente sufrieron los países iberoamericanos. Se hablaba de
fuga de capitales desde los últimos años del
franquismo. Los empresarios, acostumbrados al corporativismo
y al intervencionismo que presidía las relaciones
económicas y sociales recelaban de la nueva situación
política y de los nuevos interlocutores sociales, los sindicatos
de clase, que exhibían una retórica reivindicativa que, según como fuera
entendida, a veces era tomada por revolucionaria.
El diagnostico previo
realizado magistralmente por el Profesor Fuentes Quintana, a la sazón
vicepresidente del Gobierno También
planteaba todo un plan de saneamiento y reforma de la economía con 5
objetivos concretos: establecimiento de un cambio realista de la peseta, reforma
fiscal con sentimiento social, moderación de las tasas de crecimiento salarial,
especial atención al problema del paro, estimulo a la libertad económica de
mercado.
Estos pactos permitirían en gran medida en el
avance a una sociedad y economía más moderna, con grandes avances el la
política económica, presupuestaría, monetaria, fiscal, laboral, en materia de
seguridad social, en materia legislativa y social, incluso el posterior
desarrollo del estado de la autonomías y la preparación para el ingreso años
después en la entonces denominada CEE (Unión Europea).
Lógicamente el escenario era bien distinto tanto
en el ámbito interno como externo, no solo por ser un país con unas estructuras
arcaicas salido de la dictadura autárquica, sino por que no había alcanzado el
grado de internalización actual, y donde la crisis global se trasladase a
nuestro tejido económico como ahora lo ha hecho, también existía otro margen de
maniobra interno para actuar sobre la política monetaria y fiscal, que quedó en
manos de la Unión europea tras nuestra integración en 1986 y tras la
implantación de la moneda única (el Euro).
Pero en esencia, y aunque tuviera efectos
positivos en general, sobre la modernización de nuestro antiguo modelo
productivo, que los tuvo, fue todo un
modelo de concertación social que aglutinó a todos los partidos políticos, a
las organizaciones empresariales y algunos de los sindicatos (CCOO
principalmente), para sacar al país de una situación de fuerte crisis. El
propio Marcelino Camacho valoraba así
los pactos de la Moncloa: “la importancia de los acuerdos adoptados el pasado
año que, según sus manifestaciones, han servido para amortiguar el paso de la
dictadura a la democracia por medio de la Constitución, desde el punto de vista
macro político-económico ha sido algo inestimable, aunque hay que lamentar que
el Gobierno no los haya cumplido íntegramente, como en lo concerniente al
control de la Seguridad Social y al estatuto de la empresa pública”.
Considerándolos altamente positivos, Marcelino Camacho objetó que la parte
negativa fue el aumento del paro. Nicolás Redondo, aunque la UGT, no los firmó pero
posteriormente también los recocería como la única opción posible en aquello
momentos, aunque no hubo reparto de
fondos públicos para los firmantes.
No obstante, si bien en aquellos momentos había
gran margen de maniobra en determinadas variables de la política económica, por
parte de los estados, para diseñar por si mismos salidas a una situación de
crisis, con la integración en la Unión Europea, los países miembros han perdido
gran parte de su autonomía, aunque no toda, pero en la medida que la política
monetaria, fiscal y presupuestaria, ha quedado en manos de la Unión los
márgenes son distintos.
Pero y a nivel de las Comunidades Autónomas hay o
ha habido algún margen por si solas para, diseñar políticas independientes
(netamente autónomas) que les permita salir de situaciones de crisis o atraso,
que no vengan acompañadas de las macro políticas nacionales. Si tenemos en cuenta
que la legislación laboral, fiscal, las grandes directrices en materia
industrial, comercial, y por supuesto exterior están en manos del estado, y que
el resto se encuentran residentes en la Unión Europea, ¿hay margen de cambiar
la estructura productiva regional? En principio podríamos afirmar que margen
hay, aunque limitado y a largo plazo, y lo ha habido con la ayuda de los fondos
europeos, que ahora también empiezan a menguar.
La teoría económica así lo contempla, pero
siempre condicionado por la coyuntura económica que es una variable que escapa
al control de las autonomías, las CCAA pueden cambiar algo la estructura en el
largo plazo a través de sus esfuerzos acertados y permanentes infraestructuras,
realizando una labor activa a favor de sectores económicos y territorios, favoreciendo la creación del tejido su
empresarial y apoyándolo. En principio si en los tiempos de bonanza o ciclo
alcista de la economía se crece por encima de la medía y en los recesivos, se
decrece por debajo de la media o se han conseguido bases tan sólidas para no
decrecer, situación alto improbable, la estructura de partida puede evolucionar
hacia mayores niveles de desarrollo económico.
La Comunidad Autónoma de Andalucía, puso en
marcha desde el inicio de su andadura un sistema de planificación regional,
mediante la sucesión de una serie de planes económicos, que orientaran su
política económica en el largo plazo para sacar a la región de su atraso
relativo, aunque dichos planes fueron debilitándose en el tiempo, convirtiéndose
mas en un ejerció metodológico en el que integrar sus actuaciones en materia de
inversiones y orientar el presupuesto.
Posteriormente en los años 90, concretamente el
año 1993 se pone en marcha una experiencia única en España, quizás basada en el
espíritu de los Pactos de la Moncloa, y que se denominó Concertación Social.
Mediante estos acuerdos tripartitos de la Administración Autonómica con empresarios (Confederación de Empresarios
de Andalucía) CEA y sindicatos mayoritarios UGT y CCOO, se pactaban o
concertaban sus políticas estratégicas
de desarrollo, en ocasiones anticíclicas, en un clima de acuerdo y “paz
social”, mediante la adopción de una serie de medidas de tipo social y
económico, destinadas al desarrollo económico, empresarial y a la creación de
empleo.
Después de 20 años de repetir esta iniciativa,
con siete acuerdos, con distinta periodicidad, bianual o cuatrienal, se
comprometieron en estos documentos un total de 42.800 Millones de Euros de
fondos públicos, de los que algunas de las medidas acordadas han sido puestas
en marcha por los firmantes, es decir CEA, CCOO
y UGT, con cargo a estos fondos.
El profesor de la Universidad de Sevilla Marcial
Sánchez Mosquera, recientemente analizó en su tesis doctoral el impacto en el
desarrollo de económico de Andalucía hasta 2008 de estos pactos, concluyendo con
la valoración que su resultado “no
invita a conclusiones triunfalistas, y que no ha servido en el largo plazo para
cambiar el modelo productivo”. En este mismo sentido se manifiesta el
Profesor Francisco Ferraro, quien califica estos acuerdos “de fracaso”, pues el análisis de la evolución del PIB/per capita, no
permite otra valoración, quien además pone de manifiesto la escasa transparencia que las
organizaciones firmantes han recibido fondo basados en dichos pactos. Pues
si bien la Andalucía de los 80 no es la misma que la de 2012, tampoco lo son el
conjunto de las CCAA españolas, con lo que después de 30 años de planificación
regional y 20 años de Concertación Social, las diferencias en cuanto atraso
relativo y falta de desarrollo económico apenas se ha modificado.
Seria una frivolidad y simplificación, afirmar
que el conjunto de estos fondos, han sido gestionados por las partes no
institucionales firmantes (CEA, UGT y CCOO), pero si es cierto que han recibido
importantes partidas de los mismos, principalmente los destinados a formación,
orientación profesional y empresarial y a creación de infraestructuras de apoyo
al tejido empresarial. No se puede negar que esta aparente paz social, nacida
de estos acuerdos, ha facilitado un clima en entendimiento, pero igualmente han
convertido a estas organizaciones fuertemente subvencionadas en agencias
semipúblicas. Ahora que la financiación
publica, las subvenciones y la ingente suma de Fondos Europeos de otros tiempos
escasea asistimos, a como estas entidades están acometiendo fuertes
reestructuraciones de plantilla con sus correspondientes ERES, teniendo que
adelgazar sus sobredimensionadas estructuras, pagadas con estos fondos y que en
modo alguno se han consolidado para subsistir por si solas.
Si se la cordura, que se desprende de los
análisis realizados sobre la efectividad real de estos acuerdos se impone, y la
realidad presupuestaria del momento muestra su cara restrictiva, habrá que
pensar que el escenario financiero de
estos futuros pactos o acuerdos, será menos generoso que en el pasado, y a lo
mejor las bondades defendidas por algunos de los firmantes no se ven tan
claras, lo de contigo pan y cebolla no siempre fue cierto, y este año no toca pasta, ya se sabe que cuando el dinero sale por la
puerta el amor salta por la ventana.
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/acierto/economia/noticias/4511769/01/13/El-Supremo-tacha-de-privilegios-las-subvenciones-que-cobran-UGT-y-CCOO.html
http://www.diariodesevilla.es/article/opinion/1447253/pacto/por/andalucia/versus/pacto/la/moncloa.html
http://www.cosasdeandalucia.com/web/index.php/tribuna-libre/3018-concertacion-social-pactos-y-pasta.html
Antonio Urbano Mármol
Economista, Investigador y Profesor Honorario de la Universidad de Sevilla.
Máster en Alta Dirección de Instituciones Sociales por el Instituto Internacional San Télmo.
Diplomado en Procesos y Planificación del Desarrollo (ILPES, CEPAL, IEHA)
Diplomado en Procesos y Planificación del Desarrollo (ILPES, CEPAL, IEHA)
Funcionario de los Cuerpos de Gestión Financiera y del Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta de Andalucía.
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